3700 familias no tienen una vivienda propia en San Martín de los Andes, una ciudad con Emergencia Habitacional declarada en 2016 que hasta hoy se mantiene. Esta situación marca, por un lado, la dificultad de acceder a un derecho básico como lo es tener un techo digno y propio, por otro lado, abre el juego a las especulaciones inmobiliarias que, a falta de regulación, imponen sus propias reglas. Para controlar esta actividad, es necesario que la Ley Nacional de Alquileres, que ya cuenta con media sanción de Diputados, tenga la aprobación del Senado para que comience a regir en todo el país .

La ley resume muchas de las propuestas elaboradas por distintas agrupaciones que representan a más de 8 millones de inquilinas e inquilinos de todo el país y que trabajan para equiparar oportunidades de acceso a una vivienda temporal, acorde a sus ingresos y equilibrando la relación entre quien posee la propiedad y quien la alquila.

A continuación, los puntos más destacados que se aplicarán en todo el país, una vez que sea aprobada por la Cámara alta.

Plazos: a partir de la ley se ampliarán los contratos de 2 a 3 años. Esta ampliación busca que las personas que alquilan puedan tener mayor planificación e integración al barrio. También aumenta el plazo para pagar la renovación.

Garantía: se podrán presentar otras opciones además de una garantía inmobiliaria.

Actualización de los valores: actualmente está prohibido indexar el precio de los alquileres al índice de inflación, al precio del dólar u otra variable pero lo cierto es que la inmobiliaria o el titular del inmueble fijan un valor estimativo de lo que costaría ese alquiler al finalizar el contrato. El valor entonces, sufre incrementos cada seis meses hasta llegar al valor final. La ley prevé que los aumentos sean anuales y se regulen a través de un índice de actualización objetivo, que estará conformado en partes iguales entre el índice de precios al consumidor (IPC), elaborado por el INDEC y el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) elaborado por ANSES. Por ejemplo, si luego de doce meses de firmar el contrato, el IPC de ese período fue de 30% y el RIPTE de 20%; los alquileres deberán aumentar un 25%.

Registros de contratos: es alto el índice de contratos no declarados (solo en Buenos Aires el 80% de los contratos son informales) por lo que la ley intima a declararlos en un plazo de 30 días ante el Registro de la Propiedad Inmueble, de lo contrario, quien alquila podrá hacerlo.

Depósito: hoy pueden pedir como adelanto el equivalente a un mes de alquiler por año de contrato como condición previa a la firma, mientras que se devuelve la misma suma que entregó, a pesar de la inflación y en un plazo de 30 a 90 días.

Los impuestos y las expensas extraordinarias: los impuestos municipales y provinciales al igual que las expensas ordinarias o extraordinarias que no deriven del uso habitual de la propiedad deberán ser pagados por el titular de la propiedad.

Renovación del contrato: se deberán acordar las condiciones de renovación con 3 meses de anticipación y tanto el inquilino como la inquilina contará con 90 días para buscar otro lugar en caso de no permanecer en la vivienda.

Arreglos en la vivienda: la inquilina o el inquilino deberá notificar fehacientemente el problema que presenta la vivienda y en caso de no requerir la reparación de forma urgente, la inmobiliaria o titular tienen 10 días para hacerlas, caso contrario, quien alquila puede realizarlas por su cuenta y descontarlas del próximo alquiler. En caso de que las reparaciones fueran urgentes, el inquilino puede realizarlas inmediatamente.

Resolución anticipada: actualmente no se puede rescindir el contrato dentro del primer semestre, antes de ese plazo, quien alquila debe pagar los seis meses de contrato. Con la ley se elimina el plazo mínimo de seis meses para rescindir el contrato y se mantienen las indemnizaciones. Esto significa que en cualquier momento del primer año podríamos rescindir el contrato pagando un mes y medio de multa. Mientras que, durante el segundo y tercer año se podría rescindir pagando un mes de multa. Quien alquile no deberá abonar la multa en caso de que notifique su decisión con tres meses o más de anticipación.

Pagares: el proyecto prohíbe a los propietarios exigir la firma de pagarés a los inquilinos.

Fuente: http://www.inquilinosagrupados.com.ar/

La legislación es resultado de distintos anteproyectos presentados por agrupaciones civiles como la Unión de Inquilinos Neuquinos que insistió en eliminar el pago de comisiones que exigen las inmobiliarias, un punto que finalmente no se incluyó. Por eso, la comisión que trabajó en la presentación final, afirma que si bien lograron avanzar en la ampliación de derechos, se requiere un mayor esfuerzo para que se reglamente y cumpla en todo el territorio.

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