Este jueves comienza en Diputadxs el debate y la votación que podría extenderse hasta el viernes por la mañana.

El proyecto presentado por el Ejecutivo para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se vota hoy en la Cámara Baja luego de obtener el despacho emitido por las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, de Acción Social y Salud Pública, y Mujeres y Diversidades. Fueron 77 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones.

Los cambios sobre el proyecto original:
Objeción de conciencia: el ejecutivo avalaba esta posibilidad pero garantizaba que por servicio cada institución contara con personal de salud que pueda realizar el aborto. Ahora, las intituciones pueden ser objetoras pero deben ocuparse de derivar a las pacientes sin demoras.
Menores de edad: el texto original proponía que las personas entre 13 y 16 años estaban aptas para decidir la práctica siempre que no corriera riesgo su vida. Se dictaminó que, en sintonía con el Código Civil y Comercial, menores de 16 años deberán dar consentimiento y contar con una representación legal.
Plazo para la IVE: se mantiene el plazo hasta la semana 14 inclusive. Pasado este periodo solo se podrá realizar en las dos causales ya estipuladas si corre riesgo su vida o si el embarazo es consecuencia de una violación. Son 10 días para realizarlo desde que se solicita.
-Se agregó un párrafo en el que los casos de abuso sexual de niñes y adolescentes debe realizarse la denuncia penal.

Ahora como en 2018, lo que se pone en debate parlamentario es que las personas gestantes tengan el derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo y cuenten con un protocolo legal, seguro y gratuito para que la maternidad sea deseada, no impuesta.

¿Qué es lo tenemos hasta hoy?
A diferencia de los 60 países (contabilizados por la ONU) que legalizaron el aborto, en Argentina está penalizado desde el año 1921 a excepción del articulo 86 del código penal que establece dos causales: si existe un peligro para la vida o la salud de la madre o “si el embarazo proviene de una violación (…) sobre una mujer idiota o demente”. En 2012 la Corte Suprema de Justicia intervino en lo que se conoce como el fallo F.A.L y determinó que en todos los casos en los que se denuncie una violación el aborto no era punible y debía garantizarse. La lucha de la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito dio origen a un protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para que en todos los servicios de salud, sin intervención judicial y con la sola autorización de la persona gestante, se garantice el aborto cuando esté en riesgo su salud física o psicológica o cuando el embarazo sea producto de una violación. La ILE sancionada en 2015 y actualizada en 2019 (se agrega la salud integral como causal de aborto no punible, la institución de salud cuenta con un plazo de 10 días para efectuarla desde que se solicita y la objeción de conciencia puede ser individual no institucional)se aplica solo en la mitad del país que adhirió a la normativa.

Según datos de la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito se realizan anualmente entre «460 y 600 mil» prácticas y cada año alrededor de «100 mujeres» mueren por abortos clandestinos siendo este «la principal causa de muerte» de personas gestantes.

En San Martín de los Andes se organizan actividades para acompañar en las calles la votación que se dará en el Congreso Nacional.

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