En los primeros 10 días de aislamiento, se contabilizaron 11 femicidios. Hoy se inició la segunda etapa de cuarentena y ya se conoció otro femicidio ocurrido en Tigre, Provincia de Buenos Aires, justo el mismo día en que se cumplen tres años del feminicidio de Micaela García, la joven militante de la JP Evita en Gualeguay, Entre Ríos que fue asesinada por Sebastián Wagner, quien ya contaba con otras condenas por abuso sexual; aún así, el juez Carlos Rossi le había otorgado el beneficio de la libertad condicional. Recordemos que, para reivindicar la lucha de “La Negra”, la familia junto a la entonces diputada (FPV) Rach Quiroga impulsaron la Ley Micaela.

El Observatorio «Ahora que sí nos ven», al igual que otras organizaciones, vienen advirtiendo que la mayoría de los episodios de violencia de géneros y femicidios ocurren en convivencia con el agresor: un 62% según el último registro. Por este motivo y en contexto de encierro se necesitan herramientas más eficaces junto a un tratamiento inmediato de la Ley de Emergencia en violencia de géneros. Para contener este reclamo, el flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, difundió una campaña denominada #BarbijoRojo que, mediante un acuerdo con la Confederación Farmacéutica Argentina, las farmacias de todo el país se adhirieron a un protocolo a través del cual si una mujer se acerca o llama y pide un “barbijo rojo”,  el personal de farmacia va a saber que está atravesando una situación de violencia por motivos de género y ayudarán a la víctima diciendo que el producto no se encuentra disponible y que se comunicarán para avisarle cuando lo reciban. Antes de cortar se les pedirá datos de contacto y se derivará de inmediato a la Línea144.

Surgieron dudas y algunos cuestionamientos a este “código” que se masificó y como bien sabemos, en localidades como San Martín o Junín de los Andes es difícil mantener la privacidad y contención tan necesarias en estos casos. Para analizar esta campaña en profundidad, nos pusimos en contacto con La Maroma, la agrupación feminista que teje redes de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de violencia de géneros.

Nos parece bueno que desde el Estado se lance una política pública en este contexto y se haga cargo de lo que está pasando, en relación a la violencia que se está produciendo. Creemos que puede llegar a sensibilizar a vecines o personas cercanas a la víctima para involucrarse, para estar cerca, también a alguna mujer le puede servir para animarse a denunciar sabiendo que esta es una estrategia que no es la denuncia directa. Creemos que apunta más al entorno que a la persona que está sufriendo violencia.

-De todas formas, nos parece que es insuficiente. Primero porque la denuncia sola no sirve pero también porque hay varias campañas donde figura el teléfono a donde pueden llamar pero el problema radica en todo el proceso previo hasta animarse a concretar la denuncia y pensar todo lo que puede ocurrir luego de esto.

Al ser masivo no es efectivo porque los agresores conocen el “código”. Este recurso es efectivo cuando es acordado con personas intimas o cercanas porque justamente el código es secreto, cuando se masifica pierde efectividad.

-Muchas consultas surgen por el hecho de no poder circular algo que limita el pedido de ayuda. ¿Las fuerzas de seguridad conocen la campaña y saben cómo actuar? ¿Qué pasa si la persona que está yendo a buscar ayuda, explica que salió a buscar un “barbijo rojo”? No sabemos porque no está claro cuáles son los riesgos a los que se exponen.

-Las Farmacias locales (tanto en Junín y San Martín de los Andes) al día de hoy no fueron informadas como algo oficial para que puedan actuar correctamente. Dependemos de las voluntades de quienes quieran hacerse cargo de esto porque se enteraron por los medios de comunicación.

El tema que para nosotras es central es ¿Qué pasa después? ¿Ponen medidas cautelares para el denunciado que no convive con la víctima? ¿Puede ir preso o quién se ocupa de controlarlo? Si se necesitan rondines, por ejemplo, y la Policía está avocada a las tareas de emergencia sanitaria ¿Cómo se materializa que el cumplimiento de medidas se efectivice? ¿El violento es excluido del hogar? ¿A dónde va? ¿Queda con algún familiar o hay un lugar específico donde esté supervisado? Y si hay un lugar específico para él ¿Por qué no hay un lugar para las víctimas que lo necesitan en lo cotidiano? Estas son preguntas que nos hacemos siempre y no hay salida.

-Todo esto que nos invita al debate, es algo que profundiza lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo: Ley de Emergencia para no solamente crear más y mejores políticas públicas sino también para la asignación de presupuesto a las ya existentes con lo cual se pueda garantizar su aplicación y ser sostenidas en el tiempo. Esta situación tan crítica que estamos viviendo, sólo pone de manifiesto tantos años de desidia, se visibiliza todo lo que no se hizo.  

Esperamos que estas cuestiones que son tan evidentes obliguen a hacer algo ahora, sobre todo al tener un Ministerio con presupuesto y recursos propios para hacer efectivas las políticas y que no sea un mero lavado de cara. Que realmente le cambie la situación a las mujeres y a las personas que sufren violencia de géneros. Mientras esto no ocurra, seguiremos las colectivas y organizaciones, vecines y amigues, haciéndonos cargo de armar una red de contención que si bien no es nuestro rol y no contamos con los recursos, ni con las herramientas y las posibilidades que tiene el Estado. Por eso siempre decimos: cuando el Estado no nos cuida, nos cuidan otras pibas, pero en este caso el Estado tiene que hacerse cargo.

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