En la mañana del viernes, la familia Lara – Inostroza se hizo presente en la reunión convocada por el ejecutivo, el día anterior, cuando la familia convocó a una marcha hacia al municipio junto a vecinos y vecinas autoconvocades y organizaciones, con el fin de poder dialogar con el intendente y entregarle una nota con las más de 500 firmas.

El  pasado jueves 26 de noviembre, la familia  Lara – Inostroza convocó a una marcha para poder dialogar con el Intendente Carlos Saloniti y tener alguna respuesta del ejecutivo ante el inminente desalojo. Luego de esperar la presencia del Intendente, se presentaron junto a una propuesta los funcionarios Sec. De Gobierno Marcelo Sánchez y el Director del Instituto de Vivienda Marcelo Alveal, la Subsecretaria de Desarrollo Social Silvia Tello y la Directora de DD HH, equidad de género y Mediación comunitaria Emilia Otharan. La propuesta que llevaron consistía en una reunión con la Defensoría del Pueblo, el ejecutivo y la familia para el día siguiente.

La reunión se llevó adelante el viernes 27 de noviembre, en la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, con los actores nombrados presentes y la familia Lara Inostroza. Al finalizar, Sofía, integrante de la familia, explicó que el municipio no dio respuestas ante el pedido de intervención en el desalojo y que les ofreció a la familia una ayuda de alquiler de $8000. “Nos dijeron que lo pensáramos y que podían hacer una mediación con Horacio Capello o un representante, porque no sabemos de la existencia de este hombre; pasará lo que tenga que pasar, porque de nuestro terreno no nos vamos a mover”, finalizó Sofía.

Cabe destacar que son 11 las personas que allí conviven en dos viviendas, de los cuales 7 de ellos son niños y niñas; además, hace 39 años la que la familia Lara – Inostroza vive en el lugar. La familia denuncia irregularidades en el expediente de la causa y cuenta como el abogado de la causa, Carlos Sánchez Galarce, pasó de representar a la familia a representar al supuesto “dueño”.  “Hubo un juicio que lo perdimos… lamentablemente por papeleos mal hechos; el abogado que teníamos se vendió. Ese abogado es Sánchez Galarce (actual Juez de Faltas de la localidad), en aquellos años patrón de mi mamá que cuando comenzó todo esto dijo que no nos podían sacar de acá por todos los años vividos», señaló Miriam Lara, hija de María Inostroza.

Si bien las instancias judiciales se acabaron apenas notificaron a la familia con una orden de desalojo, aun se intenta buscar una solución, la cual, les caben las responsabilidades ante la respuesta o no respuesta al poder político sanmartinense. Vivimos en un municipio donde la problemática habitacional es ya una realidad, donde hay más de 3500 familias inscriptas en el Registro Único de Demanda Habitacional y donde los funcionarios públicos no encuentran tierras para las familias que necesitan una vivienda. Si bien se han declarado con el paso del tiempo muchas emergencias habitacionales, es notable la cantidad de demanda y la poca eficiencia política.

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