Por Santiago Loustaunau

Durante el año pasado, tanto estudiantes como padres, madres y trabajadores de la educación tomamos conciencia de la importancia del espacio físico escolar para lxs ninxs y adolescentes. Una importancia que trasciende a lo meramente pedagógico y que pone el acento en el rol psico-social de la escuela: comer en la escuela, aprender en la escuela, socializar en la escuela, estar en la escuela.

La pandemia trajo consigo un aumento de las desigualdades entre quienes pudieron continuar con los vínculos pedagógicos virtuales y una gran mayoría de estudiantes que,  por diferentes razones, quedaron por fuera de la escuela.

Luego de un año de manifestaciones, el grupo de “Padres organizados” logró llegar al gobernador Omar Gutiérrez y la ministra Cristina Storioni, demandando el inicio de clases 100% presenciales. Esta presión política obtuvo su efecto: días después el Gobernador junto a las ministras de Educación y Salud anunciaron el retorno de las clases, bajo una modalidad de “presencialidad alternada”.

Este esquema implicaría dividir a los cursos en dos grupos. Cada grupo de  alumnos acudiría a la escuela una semana presencial, una semana virtual. Resta por esclarecer si esto conlleva un doble trabajo para lxs docentes o si se generarían nuevos cargos, cosa que no sucedió durante todo el 2020.

Desde agosto del año pasado el gremio Aten viene realizando acciones de visibilización y protesta por las degradación de las condiciones laborales y el abandono de la infraestructura escolar. Entre los principales ejes está el reclamo salarial, pero también se exige por la cobertura de cargos vacantes y el mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad de las escuelas.

Esto quiere decir, entre otras cosas, que durante el  2020 hubo gran cantidad de cursos que no tuvieron docentes a cargo, que no se limpiaron las escuelas, que se dejó que se estropeen los sistemas de calefacción y los baños, que se rompan los vidrios, que las ratas aniden en las aulas y que las escuelas se vandalicen. 

Con una inflación anual cercana al 34%, los salarios de los trabajadores de la educación aumentaron un 0%. Cabe mencionar que Neuquén fue una de las cuatro provincias en las que no hubo aumentos salariales durante ese año.

Más allá de los anuncios de los funcionarios, las obras de mantenimiento en los edificios escolares  realizadas durante el último mes son insuficientes después de un año de abandono.

Si bien estos temas vienen siendo discutidos desde mediados del año pasado, el gobierno provincial dilató las negociaciones hasta la mitad de febrero. La oferta del gobierno consiste en un aumento de los salarios del 10%, más un bono no remunerativo que se cobra por el proporcional al cargo y una suma única en carácter de conectividad. Cabe aclarar que estas sumas no aplicarían para lxs trabajadorxs jubiladxs. Además, el gobierno no se mostró predispuesto a abrir las escuelas cabeceras y las asambleas docentes y agregó una cláusula para impedir que aquellos trabajadores que son población de riesgo puedan tomar nuevas horas.

Se suman a esto la dificultad de garantizar el transporte público para lxs estudiantes, el agravamiento de las condiciones sanitarias y el colapso del sistema de salud.

El inicio de las clases, presenciales o alternadas,  luego de un año de abandono, parecería ser una catástrofe anunciada. Quienes deben tomar las decisiones lo saben y, por eso, ofrecen un insultante aumento salarial de 10%.

De esta forma, ante un lógico rechazo por parte de Aten, la maniobra política del gobierno consiste en tercerizar la responsabilidad del no inicio de las clases. Encauzan así la broca de muchos padres, madres y estudiantes, y trasladan el costo político del no inicio de las clases hacia lxs maestros y maestras.

Otra realidad viven las instituciones privadas, quienes tienen todo listo para el inicio de las clases. Muchas de ellas reciben subsidio estatal y van a empezar las clases de forma presencial o alternada. De esta forma se sigue ampliando la brecha de desigualdades. Es lógico que las escuelas privadas y los padres que envían a sus hijos a esas instituciones quieran volver a la presencialidad y ejerzan sus presiones políticas al gobierno para que eso ocurra, pero el rol del Estado debe ser el de garantizar que lxs chicxs de las escuelas públicas lo hagan en igualdad de condiciones.

A lxs docentes no nos da igual que nuestros alumnos vuelvan o no a la escuela, sentimos un gran deseo de que esto suceda. Sabemos lo importante que es para ellxs. Lxs hemos visto sufrir, hemos sufrido con ellxs. Pero tampoco podemos aceptar la degradación de nuestras condiciones laborales y no podemos dejar que nuestros estudiantes concurran a escuelas que no cumplen con las normas de seguridad e higiene adecuadas.

En mi opinión, la lucha por condiciones educativas dignas no es una responsabilidad que deba recaer únicamente en lxs docentes. Para eso sería muy fructífero que todxs participemos de estos debates y nos acerquemos a las escuelas para ver realmente en qué estado se encuentran.

No se trata solamente de volver o no a la presencialidad, sino cómo y de qué forma se va a respetar el derecho a la igualdad educativa para todxs lxs estudiantes de nuestra provincia.

Santiago Loustaunau

Docente del CPEM 28

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