Por Cielo R

Hacia finales de julio la ministra de Seguridad de la Nación se juntó con su par de la provincia de Buenos Aires para discutir, entre otros puntos, el accionar de las fuerzas públicas de seguridad. Si bien había un intento de desmarcarse del accionar de Berni y de la Bonaerense, cabe preguntarse si la violencia institucional es solo responsabilidad de unos “locos en el poder” o si es una cuestión profunda y estructural de las fuerzas represivas.

Durante la cuarentena, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) contabilizó 71 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal: 36 en cárceles (22) y comisarías (14), todas de exclusiva responsabilidad estatal, y, a pesar de que es mucho menor la circulación de personas en las calles, 24 fueron fusilamientos de gatillo fácil.

Al día de la fecha estamos a 90 día de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Parecen casos aislados perpetrados por agentes irresponsables y fuera de la norma.

Sin embargo, no lo son. La cuarentena ha normalizado, además, un estado policial agazapado tras la mascarilla sanitaria. Transitar las rutas nacionales y provinciales hoy es una ODISEA para la mayoría de la población, incluso para quienes cuentan con los permisos correspondientes. De hecho, en este contexto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se vio obligado a establecer una línea pública para la denuncia de situaciones de abuso policial y/o violencia institucional, ya que se les encomendó a las fuerzas de seguridad hacer cumplir la cuarentena.

Crónica de un caso que es REGLA

Hace un mes atrás, una ciudadana neuquina, a la que llamaremos M., se enteró que tenía que viajar de emergencia de la ciudad de Neuquén a la ciudad de Córdoba para acompañar a su madre en una intervención quirúrgica urgente en el cerebro.

Luego de tramitar los permisos, tanto laborales como de circulación, llamó a cada uno de los controles policiales que tendría que atravesar para viajar junto a su marido.

Al ingresar a la ciudad de Córdoba no los pararon en ningún tipo de control. Se realizaron los test de COVID-19 por voluntad propia, ya que se acercaron a las instituciones correspondientes en dicha provincia. Ambos dieron negativo.

Tras casi un mes en esa ciudad, nuevamente con los permisos necesarios, la pareja se disponía a retornar a su ciudad de residencia para continuar con sus actividades laborales. Supusieron que no tendrían problemas para atravesar los controles nuevamente.

Sin embargo, en Santa Catalina, saliendo de Río Cuarto, los frenaron y demoraron en un control de Gendarmería Nacional, la misma que hace 3 años desapareció a Santiago Maldonado. 

Durante dos horas y media fueron sometidos a toda clase de situaciones irregulares, ilegales e inconstitucionales.

En primer lugar, luego de solicitarles que se detuvieran, la Gendarmería procedió a requisar el vehículo y todo lo que allí se encontraba. Lo hicieron con sus manos, sin barbijo, dentro del auto, hasta que encontraron en una mochila un estuche de anteojos con una botellita de 30 ml. de aceite de cannabis medicinal.

En este sentido, la requisa fue completamente ilegal. Ningún agente de las fuerzas de seguridad puede ingresar a un vehículo y revisar los que allí se encuentra sin una orden judicial. Situación agravada ante la falta de uso del barbijo.

En segunda instancia, la Gendarmería, cual accionar en dictadura, separó a la pareja para dividirse los roles en la operación. Un gendarme jugaría a ser “el malo” y otro “el bueno”. De esta manera, daban información errónea y contradictoria para generar conflicto entre elles a partir de responsabilizar a la mujer de la “tenencia de sustancias” y sobre el procedimiento.    

“Le hicimos el reactivo y da que no es legal según la Ley… (número que M. no recuerda)” dijo el gendarme “malo” a M. Ella le solicitó que mostrara el texto de la ley donde dijera que ese procedimiento debía realizarse así. Se negó y la hizo descender del auto. Recién allí buscaron un testigo, porque, según le explicaron al marido “la mujer duda del procedimiento”, y frente a elles otro gendarme realizó el reactivo para conocer sí se trataba de cannabis. 

Caben dos aclaraciones: la primera es que el aceite de cannabis contiene CBD, que es el componente sedante que se utiliza de manera medicinal. La segunda es que SIEMPRE la cantidad de testigos deben ser DOS. Por lo tanto, el procedimiento realizado en este caso fue ilegal.

Mientras la requisa sucedía y el reactivo estaba próximo a realizarse, la pareja fue fotografiada por la Gendarmería. Además, cuando M. escribía por teléfono, el gendarme “malo” le solicitó que dejara de hacerlo ya que “no se podía usar el celular durante el procedimiento”. De todas maneras, mientras no la veían, llamó a un abogado de la familia para asesorarse.

Una Institución le lava las manos a la otra

Tras amenazas de llamar a la Policía Federal y “agravar” la situación (es decir ser demorados quién sabe cuánto tiempo más), se presentó en el lugar una representante de la Fiscalía de Antinarcóticos de la ciudad de Rio Cuarto, que nunca se identificó.

Los gendarmes habían labrado un acta en la que explicaban cómo se había hallado el aceite de cannabis. El acta es el documento que garantiza a les ciudadanes que los procedimientos fueron realizados conforme la ley, con los protocolos debidos y pueden utilizarse en instancias judiciales. Deben figurar los nombres de los agentes y debe extenderse un duplicado a los involucrados. Sin embargo, en el documento manuscrito no se mencionaron las irregularidades que sucedieron durante dos horas en que la pareja fue retenida en el procedimiento arbitrario e ilegal. Escribieron que el aceite estaba en la guantera, porque claro, la requisa fue ilegal mientras que el aceite y su tenencia para el consumo no lo son. Por lo tanto, nada de todo ello podía ser registrado. Nuevamente, tras la amenaza de no dejarlos seguir viaje, se vieron compelidos a firmar un acta fraudulenta, sin darles posibilidades de quedarse con un duplicado ni fotografiarlo, y les quitaron el aceite que no poseía THC, el psicoactivo del cannabis. Esto último da cuenta incluso de la inconstitucionalidad de la actuación ya que no deberían haber sustraído el aceite medicinal.

Parte de la estrategia de amedrentamiento fue tomar los datos de M. y los datos de sus progenitores, pero no registrar los de su esposo.

El estado Policial es PATRIARCAL

No podemos dejar de mencionar la violencia misógina y patriarcal que se ejerció contra M. En primer lugar, todos los agentes que intervinieron fueron VARONES. Ninguna gendarme femenino estaba en el puesto de control.

Culpabilizar continuamente a M. con dichos y actitudes para que su esposo se enojara con ella; que los papeles fueran solicitados solamente al marido; e incluso que se le solicitara al marido leer el acta habla claramente de la violencia simbólica ejercida sobre M. Una absoluta desvalorización intelectual y patrimonial que debemos decir: son también violencia institucional.

Según M., además la detención arbitraria fue antifeminista, ya que cuando pasaban por el control los gendarmes notaron las cintas verdes y naranjas colgadas en el espejo retrovisor. El ensañamiento con ella pudo haber sido además por ello. 

¿Quién nos cuida del abuso policial y la violencia institucional?

M. nos relató: “yo tenía miedo de que me desaparezcan, estábamos ahí solos, no frenaron ni un solo auto más durante todo ese tiempo, sin testigos suficientes, en un procedimiento completamente ilegal, arbitrario, inconstitucional… Y ahí me acordé que gracias a País De Boludos tenía en mis historias de Instagram guardado el número del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde tenés que hacer las denuncias por abuso y violencia de las fuerzas públicas. Empecé a escribirles, les envié el número del móvil de la gendarmería. Les explique lo que estaban haciendo, que habían llamado a la Federal. Quería que quedara un registro por si nos pasaba algo”.

Para poder irse, accedieron a firmar el acta fraudulenta, que tapaba todo el accionar ilegal de la gendarmería, aunque M. ya los estaba denunciando. De parte de la línea de denuncias, lejos de dar una respuesta alentadora frente a esta situación, este organismo contestó “estamos colapsados por la cantidad de denuncias que nos llegan. Vamos a intentar darle prioridad a la tuya”. Al día de hoy sigue sin tener novedades del organismo.

Supongamos que, en el mejor de los casos, estos gendarmes solo estaban buscando una coima a cambio de que pudieran seguir viajando. ¿Serían ellos parte de la misma estrategia de extorsión o serían un gendarme bueno y un gendarme malo que procedieron según sus personalidades?

¿Por qué las líneas de atención para denuncias de abuso y violencia institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación estarían colapsadas si se tratase de casos aislados?

¿Será Echazú un gendarme que tuvo que jugar al “malo” en Cushamen cuando desparecieron a Santiago Maldonado?

¿Será Pintos el prefecto asesino de Rafael Nahuel o será la Prefectura Nacional?

¿Cada uno de los agentes de la Policía de San Luis suicidó a Magalí?

¿A qué agente de la Bonaerense van a utilizar de chivo expiatorio en la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro?

Estos casos no son excepción, son NORMA. La cuarentena hizo “esenciales” a las instituciones que establecen el Estado Policial y Represivo.

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