Dos familias crianceras de la zona de Villa Nahueve recibieron órdenes de desalojo impartidas por el Juez Civil de Chos Malal que serán accionadas una vez que los judiciales retomen la actividad presencial. Desde la Cooperativa Campesina LTDA parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos compartieron un comunicado para visibilizar la situación irregular y exigir a la provincia que accione como debería ante el cumplimiento la Ley N° 263.

Uno de los vecinos que recibió la orden, es integrante de la cooperativa campesina LTDA del norte neuquino, ambas familias están asentadas hace mas de 30 años, son parte de la producción ganadera mas importante de la provincia y hace unas semanas recibieron ordenes de desalojo, impulsada por empresarios y firmada por el Juez de Chos Malal, su objetivo son los emprendimientos inmobiliarios en la zona del Nahueve.

Juan Ruppel Intregrante de la Cooperativa Capesina LTDA expreso en una entrevista de la Fm Che Comunitaria: «Hay una ley de tierras, que dice que las tierras fiscales son de quienes la trabajan, quienes pueden demostrar que su ocupación a través de la construcción que ha hecho y se han cerrado los campos, algunos casos que han plantado arboles que tienen mas de 20 años, los vecinos fueron atestiguando que las familias nacieron ahí, la ley protege a estas personas y dice cual es la forma en la que debería accionar y la ley también dice que prima la persona que haya estado ocupando el lugar y trabajando para producir su propia economía familiar.»

Entrevista Completa:

Compartimos el comunicado del MTE Rural:

Queremos poner en su conocimiento dos situaciones que revisten extrema gravedad y urgencia y que afectan a familias crianceras y campesinas del Norte Neuquino, que integran nuestra Cooperativa Campesina LTDA, concretamente en la zona de la Villa del Nahueve.

La situación de irregularidad estructural en torno a la tenencia de la tierra, se representa en que la mayoría de las familias crianceras y campesinas de la zona, no tienen títulos de propiedad sobre las tierras en que vivieron y trabajaron durante décadas.
En algunos casos, solamente se certifican las ocupaciones, pero la constante problemática se expresa en los conflictos de límites y litigios familiares que no encuentran cauce para su resolución.
Es importante señalar, que nuestra región está sufriendo un proceso de valorización inmobiliaria producto de las obras que se vienen ejecutando en distintas localidades.
Todas estas iniciativas han generado un crecimiento del interés por parte de los sectores concentrados del poder inmobiliario que ahora miran con ojos atentos, la posibilidad de quedarse con tierras fiscales y promover de esta manera un proceso de apropiación y concentración de tierras públicas, que se transformarán de esta manera en propiedad privada.
Esta situación, es a costa de los derechos de familias que durante décadas trabajaron y vivieron en la tierra, conforme manda nuestra CONSTITUCIÓN PROVINCIAL y la LEY 263; ambas consagran el principio de que LA TIERRA ES PARA QUIEN LA TRABAJA; ES UN BIEN SOCIAL DE TRABAJO Y NO PARA LA ESPECULACIÓN O LA RENTA.

DESALOJOS DE FAMILIAS CAMPESINAS EN PLENA PANDEMIA.

El Juez Civil de Chos Malal, ha dictado en plena pandemia dos sentencias de desalojo contra familias crianceras y campesinas en dos causas impulsadas por personas que han obtenido ilegalmente los papeles de la Dirección de Tierras, de manera absolutamente ilegal: los títulos de propiedad han sido entregados a quienes no solamente no acreditaban estar viviendo en el campo y trabajando en una explotación por cuenta propia, sino que ha ordenado desalojar a estas familias en plena emergencia sanitaria.

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