Por Susana Lara

El Estado neuquino controla y usa la tierra fiscal y los derechos de los pobladores sin título de propiedad para ponerlos al servicio de algunos capitales privados del fracking en el área de Vaca Muerta (VM). Funcionarios de las últimas dos gestiones de gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN) participan directamente desde distintos organismos estatales y, al mismo tiempo, a través de familiares en el proceso de cartelización del destino final de residuos especiales producidos por la industria de los hidrocarburos. Toneladas de pasivos ambientales sin tratar en las inmediaciones de Añelo y avasallamiento de los derechos de las familias de antiguos ocupantes son los daños colaterales emergentes de Soluciones Ambientales del Neuquén SRL (SAN) https://www.youtube.com/watch?v=VVtvx6rsJZc, creación hecha a la medida de un puñado de intereses políticos y empresarios. Los controlantes de la firma responden al grupo Stericycle, radicado en paraísos fiscales que cuentan entre sus accionistas a tres de los fondos buitres que engrosan la deuda externa argentina y operan en varias provincias con por lo menos 14 firmas, sin contar la neuquina.

El repositorio de residuos de SAN https://sansrl.com.ar/ entierra sin tratar los desechos hidrocarburíferos, a unos 7 kilómetros del límite del ejido municipal de Añelo, en total violación a la legislación vigente bajo la responsabilidad de la autoridad de aplicación provincial, aseguran fuentes profesionales independientes. Para garantizarle a la empresa un lote de 200 hectáreas, la provincia hizo una de las maniobras administrativas más creativas que hemos constado hasta el momento. A la vez, la composición y recomposición de los capitales asociados en SAN registrada en pocos años prueban la puja de intereses económicos y corporativos que se juegan en la infraestructura de servicios local a los grandes grupos trasnacionales.

El primer pozo por fractura hidráulica (técnica del fracking) se hizo en 2011, mojón imprescindible para entender los procesos simultáneos de inscripción de SAN en 2014 y la maniobra de la tierra fiscal para su repositorio durante el último año del gobierno de Jorge Sapag.

Dominó

José Giménez Burló es un empresario español que por décadas representó en Argentina a Befesa, de capitales europeos especializados en el tratamiento de residuos peligrosos, con numerosos contratos en Sudamérica. Interesado en la apertura del nuevo mercado de VM, buscó la pata local en Nicolás Crexell, empresario fuerte en el transporte de carga pesada y maquinaria vial. Aunque sin experiencia en el rubro de tratamiento de residuos peligrosos, es el sobrino de quien era gobernador en ese momento.

En 2016 Giménez Burló ingresó formalmente al paquete accionario de SAN y fue la cara visible del proyecto en la audiencia pública en Añelo. En ese mismo movimiento, María Adela Pfeffer (de San Martín de los Andes) vendió sus acciones a Gustavo Osvaldo Solari y Fernando Javier Mauro, integrantes de varias firmas contratistas del Estado que iniciaron en Neuquén el ciclo empresario que busca cartelizar este servicio a las petroleras con el respaldo estatal. Dos años después el español vendió su tercio de la participación accionaria; en minoría, Crexell hizo lo propio; y Ricardo Esquivel fue desplazado de la subsecretaría de Medio Ambiente.

El año pasado se consolidó el nuevo bloque empresario de SAN con la incorporación societaria de Federico José Fardighini y Gustavo Gabriel Mauro. Los hermanos Mauro formaron la financiera CM Porfolio S.A. en 2010, incorporando como socio después a Fabio Marcelo Calcaterra, primo del ex Presidente Macri. Aunque, uno de los activos más importantes tal vez sea la Aseguradora del Bicentenario SA, clave para la emisión y cobro de millones en certificados ambientales a las petroleras por la generación constante de los residuos. Fardighini es presidente de Sertec Gestión Ambiental SA, radicada en Bahía Blanca. Por su parte, Solari fue el representante legal de la electrónica Philco, que en 2003 anunció la quiebra a los trabajadores de la planta en Tierra del Fuego.

Estos nuevo cuatro socios se fortalecieron en Neuquén después que en 2018 se aprobó la fusión del grupo de firmas de Stericycle en Argentina, formada con el aporte de capital de una filial radicada en Reino Unido (82%) y otra en Canadá (18%), las que a su vez son controladas por otra radicada en Estados Unidos para la gestión, recolección, tratamiento y disposición final de residuos. Para 2014 tenían más del 5% del paquete accionario The Vanguard Group, Brown Advisory Incorporated y BlackRock, fondos de inversión tenedores de la deuda externa, de acuerdo a la información pública proporcionada por el grupo a organismos de contralor nacionales.

El negocio de contaminar

SAN es la única empresa privada habilitada en Neuquén para hacer rellenos de seguridad. Alentadas por el incumplimiento de todas las exigencias legales al amparo del Estado provincial, pretenden disputar ese nicho las firmas ya habilitadas para hacer tratamiento de residuos: Industria Argentina de Reciclado SA (Indarsa), la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales SA (Comarsa) y Treater.

En el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad de aplicación local, la empresa se comprometió a instalar un horno de desorción de 220-500 ºC; lavado de suelos; planta de centrifugación y deshidratación; formulación de combustible alternativo; y tratamiento avanzado de agua, entre otras inversiones no realizadas en por lo menos dos años de funcionamiento. Recibe todo tipo de residuos (sin importar la concentración de hidrocarburos que tenga), le realizan un proceso de estabilización con calcita (mezcla de tierra con cal), para luego ser ingresado a las celdas impermeabilizadas, coincidieron en describir dos fuentes consultadas para este informe. Hace pocos años fue a la quiebra y cerró el Emporio del Tanque (ET), la planta que trataba residuos en Cutral Có. Todo ese pasivo fue transferido por la provincia a SAN, que de hecho le provee clientes cautivos. Lo mismo con el excedente de Comarsa en el parque industrial de Neuquén capital.

En dos años ya están llenando la cuarta celda, lo que representa millones de toneladas de residuos acumulados sin tratar, con hidrocarburos por encima del 1% permitido por ley, aseguró una fuente empresaria. Barato y rápido es la fórmula del éxito que extiende los certificados ambientales a las petroleras sin esperar los meses que requiere un tratamiento mínimamente respetuoso de las exigencias de la legislación vigente. Los inspectores de Medio Ambiente no pueden desconocer el incumplimiento de los términos de la ley 24051 de Generación, manipulación, transporte y tratamiento de Residuos peligrosos y del Decreto 831/93 que determina los Requisitos mínimos para rellenos especialmente diseñados.

Ingeniería de tierras

La dirección de Tierras y el Catastro público alcanzaron un nivel de sofisticación notable en el caso de la parcela de 200 hectáreas donde SAN cavó las celdas impermeabilizadas para los residuos. Esa fracción es parte de 100.000 hectáreas de tierras fiscales que concentran la explotación de los no convencionales (áreas Bandurria Sur, Bandurria Centro, Loma Campana y Bajada de Añelo). Luis Abelino Mora ocupó algo más de 4.000 hectáreas en el único lugar donde surge agua dulce. Compartió con los vecinos la aguada Colorada para los animales. Shell y Total explotan allí. Por un decreto de 2010, la provincia le adjudicó en venta la tierra ubicada en Paraje Aguada Pichana, departamento Añelo. Por otro decreto de fines de 2015, el gobierno reconoció como ocupante con derecho a la adjudicación en propiedad a uno de los seis hijos de Mora por 2.450 hectáreas con la expresa condición que ceda 200 a SAN SRL, fracción ubicada a unos doce kilómetros del campo familiar. La transferencia condicionada a un fraccionamiento y reventa posterior es una restricción al dominio por lo menos llamativa. Tierras y Catastro usaron datos de la ocupación tradicional de don Mora para otorgarle a uno de sus hijos un campo que jamás ocupó. El boleto de cesión de derechos a SAN identifica la parcela con una nomenclatura catastral que resulta inhallable en el sistema público, aunque las coordenadas se corresponden efectivamente con las del predio del decreto 2474 fechado el 9 de diciembre de 2015, un día antes que Sapag entregara el gobierno a Omar Gutiérrez. Esa madeja nos requirió contrastar testimonios con numerosa documentación para confirmar la ubicación real de la operatoria, entre ellas una copia del boleto de la cesión de derechos adquiridos por SAN en febrero del año siguiente, la que nos facilitó Crexell.

Don Abelino Mora murió hace dos años, sin el título de propiedad de la tierra.

(Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó el relevamiento catastral, el análisis de las imágenes satelitales y la cartografía para este informe.)

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