La municipalidad de San Martín de los Andes vive en un limbo mientras se debate la transparencia y legalidad de la gestión actual. No hay dinero para mejorar la calidad de vida de la comunidad, ni para solucionar las problemáticas cotidianas que afectan a cientos de vecinos, como el transporte público de pasajeros y el déficit habitacional. La contracara es que se tiene un déficit acumulado que supera los 60 millones de pesos, utilizado en el pago de horas extras durante el aislamiento social preventivo, que se torna inexplicable cuando fue pago a labores que se encontraban exceptuados.

Hace meses el municipio instó a la planta política del municipio y del Concejo Deliberante a reducir sus salarios en un 30%. La respuesta por parte de los funcionarios fue «hasta no tener en claro el excesivo gasto del pago de horas extras por el monto de 8 millones de pesos no lo vamos a hacer», poniendo la economía municipal sobre la mesa.

Todo esto fue lo que llevó a que el cuerpo legislativo pidiera una auditoria con la contraloría municipal. En esa auditoria se presentaron los detalles de irregularidades del municipio, la contraloría presentó un dictamen donde afirmó que, en función de lo recolectado, podría sugerir la intervención del Concejo Deliberante. Este dictamen no cita ninguna norma que avale las decisiones del poder ejecutivo ante estas irregularidades.

“No son respuestas para este cuerpo los dichos de los Secretarios municipales ni la proyección de ningún power point, sino los documentos públicos que rubrican los actos de Gobierno y que deben tener su ingreso formal al Concejo Deliberante”, expresaron los concejales a través de la página web del Concejo Deliberante.

Recientemente, se suma la renuncia de Mariana Marturano, que ocupaba el cargo de Directora de Recursos humanos del Municipio local. Según declaró, el motivo de su renuncia fue la posible intervención del departamento de recursos humanos expresada por Marcelo Sánchez, actual secretario de gobierno, a un medio local sin aviso previo a sus propios trabajadores y trabajadoras. “Yo avisé que no correspondía pagar horas extras, que iba a traer conflictos, que vamos a tener que explicarle al tribunal de cuentas y a la contraloría”, declaró la ahora ex directora de recursos humanos.

Estos últimos días, también, se sumó la renuncia de la Secretaria de Educación Flavia Bustos, por «motivos de índole personal» según declara el ejecutivo a través de su página web. Sin embargo, se conoció en el transcurrir de las horas que la ex secretaria de educación percibía dos haberes de la Administración pública: uno correspondía al Concejo provincial de educación, por su ejercicio como secretaria de un establecimiento de educación media, y el otro por ser funcionaria pública del municipio. Esta situación se sostuvo durante 8 meses, a pesar de que se encuentra prohibido por ley nacional.

Volviendo al complicado escenario económico del municipio local, lo cierto es que ya se pagaron 9 millones de pesos y están proyectados pagar hasta fin de año 11 millones. Esta suma es en calidad de gastos en pagos de horas extras.

No es menor la situación de un municipio como el de San Martín de los Andes, cuya principal matriz productiva es justamente una de las actividades mas afectadas por la pandemia y sobre todo en una provincia que carece de políticas públicas en este contexto de emergencia y que ademas enfrenta un endeudamiento del que poco se habla. Restará esperar las novedades para los tiempos que vienen, en meses donde se intensifican las demandas sobre derechos básicos como vivienda, educación, transporte y trabajo.

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