Con el fin del Macrismo y una economía por el piso, el Gobierno de Aníbal Fernández pretende levantarla de la mano de la minería. Desde diciembre pasado los pueblos de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut comenzaron a movilizarse para impedir el avance de las producción extractivista. Vuelve a reactivarse un conflicto de larga data en la Patagonia.
Por colaboradores El Tábano Digital

A fines de 2019 diversos sectores movilizados de la comunidad de Ingeniero Jacobacci, representantes de las Lof Mapuche de la región sur, acompañadas de referentes de derechos humanos y activistas socioambientales, emitieron un comunicado alertando acerca por el reanudamiento de las tareas de exploración en la zona del proyecto megaminero “Calcatreu”.

El  Proyecto pretende la extracción de oro, plata y otros metales de un yacimiento que fue descubierto en el año 1997, ubicado geográficamente a unos  82 kilómetros en la zona sur de la provincia de Río Negro y aproximadamente a 300 del centro turístico internacional Bariloche. Desde entonces, las comunidades mapuches, ganaderos y organizaciones sociales han resistido férreamente su concreción en varias oportunidades, condensando estas luchas en la promulgación de la Ley Provincial 3.981 del año 2005, que prohibía la explotación minera con la utilización de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro.

Lo que se conoció como la “Ley Anticianuro” logró paralizar las tareas de exploración, aunque no evitó que la subsidiaria Aquiline Resources vendiera los activos del proyecto a Pan American Silver hasta 2018, año en el que la firma británica Patagonia Gold adquiriera los derechos. Durante 2011, en una de las que fuera una de las primeras y únicas medidas tomadas bajo el gobierno de Carlos Soria (PJ, ex SIDE), la norma resultó derogada.

A pesar de las denuncias y movilizaciones en varias localidades de la provincia, la ley no fue restituida durante el gobierno de Weretilneck (2011-2019); y dado los antecedentes de la actual gobernadora, Arabela Carreras, quién mientras fue legisladora impulsó su anulación, todo indicaría que una puesta en vigencia de la norma está lejos de ser un gesto político del nuevo gobierno.

Los medios de comunicación regionales han anunciado que la empresa pretende iniciar una campaña de exploraciones que busca ampliar la información sobre el potencial minero de la zona durante este mes de enero y con esa información evaluar la factibilidad económica de su explotación. Además, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), autorizó a la empresa mediante la Resolución N°1710, al uso de agua proveniente de napas subterráneas para las tareas de exploración. 

Abrir el debate, profundizar la reflexión y la organización ciudadana

Así se titula el documento hecho público durante el mes de noviembre, en el que las organizaciones no solo alertan sobre la reactivación de tareas de las empresas mineras en la zona, sino que denuncian el rol de las instituciones públicas. En este sentido reclaman por el incumplimiento de la ley 25.831 “libre acceso a la información pública ambiental” por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro, a cargo de la Ing. Dina Migani, quien no ha respondido los pedidos de informes que han solicitado, no sólo respecto a las tareas que se encuentra realizando la minera en la zona, sino también respecto de los impactos que ha tenido la falta de agua luego de la caída de cenizas del volcán Puyehue en el año 2011.

Desde el gobierno aseguran que la minería metalifera es una opción viable para paliar la crisis del sector agropecuario, que es la principal actividad económica de la región, con controles de impacto ambiental, esta es la posición del intendente de Jacobacci, Carlos Toro según ha manifestado en otras oportunidades a los medios.

Sin embargo, la asociación directa explotación minería=desarrollo económico, renueva un viejo debate acerca de para qué o qué implica el desarrollo y si es ese desarrollo el necesario para mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Como bien afirma el documento compartido por las organizaciones de la región: 

“Es hora de preguntarnos qué y cómo producimos. Más oro y plata no se cuentan como bienes imprescindibles para la subsistencia. Quienes suscribimos este documento y conocemos lo sucedido en otras comunidades donde estos emprendimientos se han instalado, sabemos que nada de lo que se promete termina siendo como lo plantean, que estas explotaciones no mejoran la vida de las comunidades, sino que la lastiman. Denunciamos que las ganancias que se llevan explotando los bienes naturales de nuestra Casa Común sólo sirven para hacer ricos a los más ricos y empobrecer a las grandes mayorías, realimentando un sistema económico que ya no se soporta más”.

Agrupamientos

En las últimas semanas no solo la honrosa lucha del pueblo mendocino por defender el agua a puesto en evidencia las intenciones del gobierno (nacional y provinciales de la región), de avanzar con la transformación de la matriz económica en un sentido que profundiza una economía extractiva basada en la explotación de materia fósil (petróleo, gas y metales), sino que también el gobierno de Chubut, ha propuesto la derogación de la Ley antiminera  N°5001 provocando grandes manifestaciones en toda la zona.

La tarea será, para este tiempo de definiciones en las que la disputa  por el territorio se enciende, acuerpar las luchas socioambientales, traficar información acerca de los conflictos que acontecen lejos de las grandes urbes, compartir, acompañar y resistir con quienes preservan lo que quizás sean los últimos espacios sin explotar por la vorágine capitalista, lo que quizás sea el último tope antes de dañar nuestras condiciones de vida de manera irreversible.

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