En las últimas semanas Neuquén y Río Negro han sido noticias por las reformas que los gobiernos de estas provincias quisieron imponer en leyes sensibles como la de Bosques y la de Tierras Fiscales. En ambos casos se impulsaban negocios extractivistas e inmobiliarios y fueron rechazadas de manera unánime.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, viene alentando desde 2016 una reforma en la Ley de Tierras Fiscales con la idea de generar no solo la explotación agrícola, ganadera y forestal, sino también darle vía libre a otras actividades como la energética, minera, tecnológica, turística, industrial, y otras económicamente rentables.

Weretilneck ya sufrió un revés ese mismo año cuando intentó por primera vez aprobar el proyecto de reforma en la Ley de Tierras. En esa oportunidad, organizaciones sociales y Comunidades Mapuche también frenaron el intento.

En la última sesión de la Legislatura rionegrina, el nuevo Código de Tierras Fiscales volvió a quedar afuera de la agenda legislativa. Las movilizaciones y el rechazo generalizado fueron fundamentales para que la presentación del proyecto no sea tratado y el propio gobernador pida su retiro.

¿Cuál es la idea con la reforma de la Ley de Tierras Fiscales? Según el proyecto, el Gobierno de Río Negro pretende regularizar territorios fiscales e implementar la adjudicación títulos de propiedad a pobladores asentados en tierras rurales fiscales y en comisiones de fomento antes del 31 de diciembre de 2017. Todo esto quedaría bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, dejando de lado a la Dirección de Tierras y Colonias que interviene desde 1961, año en que la Ley 279 de Tierras Fiscales de la provincia de Río Negro fue sancionada.

En ese marco, Luis Di Giácomo, Ministro de Gobierno rionegrino y uno de los impulsores de la reforma, comentó que «en la ley vigente el concepto tiene que ver con la colonización y nosotros queremos mantener un criterio de tipo desarrollista y productivista. Buscamos abrirnos a las inversiones productivas y de nuevas tecnologías, amplía el margen de posibilidad de utilización de la tierra”. Di Giácomo también aclaró que «no está contemplado otorgar títulos de propiedad en zonas donde existen reclamos vigentes por parte de pueblos originarios».

Ante esta nueva arremetida, Orlando Carriqueo, werkén del Parlamento Tehuelche Mapuche de Río Negro, denunció : “el gobierno de Río Negro pretende entregar más de 5 millones de hectáreas a la explotación hidrocarburífera mediante fracking y la megaminería.

Hace unos días en Neuquén, Organizaciones Ambientales y Comunidades Mapuche lograron frenar en la Legislatura del proyecto de modificar la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 2780 que impulsa el Gobierno de Omar Gutiérrez. En sintonía con ese rechazo, Alberto Weretilneck, en Río Negro, dio marcha atrás con la idea de reestructurar la Ley de Tierras Fiscales ante la presión de organizaciones sociales, sindicales y comunidades Mapuche.

A partir del 10 de diciembre las «nuevas» gestiones intentarán poner en consideración ambas reformas en las respectivas Legislaturas.

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