En un año signado por la pandemia, por la crisis económica y la incertidumbre, nuestra comunidad vivió en carne viva la problemática de la falta de acceso a una vivienda digna para muchas familias sanmartinenses.

Intentos de desalojo, incendios y deslaves son algunas de las consecuencias de que tener una casa propia no sea más que un sueño para un gran sector de nuestra sociedad.

Deslave en Barrio Cantera en 2020.

En San Martín de los Andes hay más de 3.500 familias inscriptas en el Registro Único de Demanda Habitacional que demandan hace años que el Estado les garantice lo que es su derecho: una vivienda digna.

En un sistema desigual, en donde el ingreso y la propiedad se reparten con una lógica que no responde al bienestar común, son muchas las familias que se encuentran en situaciones desesperadas, que corren el riesgo de ser echadas de las casas que alquilan, que no saben si serán desalojadas de casas que ocuparon, que no duermen tranquilas porque están en áreas riesgosas donde la lluvia y la nieve se convierten en amenazas, donde los servicios no están garantizados, donde la integridad y la dignidad están atropelladas.

En un panorama donde acceder a un trabajo digno es beneficio de unos pocos, el ahorro no es una opción, los terrenos valen miles de dólares, es el Estado quien tiene que hacer frente a un derecho que no se cumple. El municipio de San Martín de los Andes no viene respondiendo a esta crisis de forma efectiva. Se justifica esta inoperancia con la falta de disponibilidad de tierras.

En la última sesión del Concejo Deliberante, se declaró la emergencia habitacional, lo cual daría una herramienta para poder gestionar ante el Estado provincial y nacional la adquisición de tierra para transferir al dominio municipal y palear el déficit de espacios en donde emplazar nuevas viviendas sociales. También para fomentar nuevas producciones autogestionarias de vivienda y sancionar nuevas normativas que graven impositivamente las viviendas y tierras ociosas.

A partir de la declaración de emergencia, el Concejo Deliberante y el Instituto de Vivienda y Hábitat deberán realizar reportes mensuales sobre los avances conseguidos que serán entregados al Consejo Asesor de Vivienda. Este Consejo, si bien se creó en el 2012 como parte del Instituto de Vivienda y Hábitat, recién fue convocado por primera vez a mediados de este año y está integrado por el director del IVH, un concejal de cada Bloque y un representante de cada organización social vinculada a este tema para que se pueda fijar en conjunto la planificación, adjudicación y fiscalización de viviendas, como también criterios para establecer precios y demás condiciones para la venta o arrendamiento.

Mientras tanto, hay muchas familias que no duermen tranquilas. Tal es el caso de la familia Guerrero, Torres y Lara-Inostroza.

Nadia Guerrero en la casa que ocupa en Chacra 32.

La familia de Nadia Guerrero se encuentra ocupando una casa en Chacra 32 desde julio, luego de años de solicitar al Estado ayuda para garantizarle un techo a sus hijos. En plena pandemia, en una situación desesperada y luego de tocar numerosas puertas en Desarrollo Social y el Instituto de Vivienda y Hábitat sin obtener respuesta, Nadia ocupó una vivienda social que había sido asignada a una mujer que nunca la habitó y que, en cambio, entregó al Instituto Bíblico Cristiano de Berea, que utiliza la casa como salón de reuniones.

La familia Torres desde hace 19 años ocupa un terreno en Villa Paur. El espacio era un predio baldío, en donde la familia se instaló al no poder acceder un terreno ni pagar un alquiler digno. La familia tiene orden de desalojo desde hace 5 años ya que el terreno lo reclamó la inmobiliaria Romano. La familia viene pidiendo una vivienda al municipio desde hace muchos años. Son 7 mayores y 6 menores que viven ahí. El ejecutivo lo que les ofreció fueron $8.000 por mes para pagar un alquiler.

Casa que ocupa la familia Lara-Inostroza hace 39 años en el Barrio Cantera.

La familia Lara-Inostroza ocupa desde hace 39 años un predio en el Barrio Cantera. Luego de un proceso judicial con expedientes plagados de errores e irregularidades, con un Juez de Faltas que se suponía era el abogado defensor de la familia y que en vez hizo todo lo necesario para ésta perdiera el juicio, la familia tiene una orden de desalojo. Desde hace meses que duermen con miedo a que esa orden se cumpla. 11 personas, incluidas 7 niñes, quedarían en la calle en plena pandemia y el Ejecutivo municipal lo que les ofrece son los mismo $8.000 que a la familia Torres para que paguen un alquiler.

Familias que duermen intranquilas, loteos millonarios con mansiones que se usan en temporada alta, viviendas sociales usadas por la Iglesia, un sistema que no entiende de derechos, un municipio que no gestiona respuestas reales.

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