El femicidio de Lucía Pérez originó el primer Paro Nacional de Mujeres en respuesta a las deficiencias en la investigación judicial y al tratamiento mediático. En ambos casos, primaron la revictimización y estigmatización por sobre la búsqueda de justicia.

Del feminicidio de Lucia participaron Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel. Cabe mencionarlos como responsables del abuso sexual, seguido del femicidio porque es una forma de no olvidar y de visibilizar aquello que el Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata quiso ocultar cuando condenó a solo dos de ellos -Farías y Offidani-por “tenencia y comercialización de estupefacientes”, según esgrime el fallo que omite la figura penal de femicidio.

El juicio es y será recordado como uno de los más repudiables no sólo por la desidia con la que se manejaron los jueces y la fiscal sino también por cuestionar la intimidad de la víctima y utilizarla en su contra para morigerar la pena de los autores. A tal punto fue cuestionado el proceder que en diciembre de 2018, un mes después de conocerse el veredicto, especialistas en violencia de género de la Organización de los Estados Americanos –OEA- alertaron a la Corte Suprema de Justicia sobre la sentencia. Entre las líneas más destacadas de su carta, el Comité –integrado por especialistas que designa cada país de la OEA- expresó que los criterios que fueron aplicados en la sentencia “construyen en la sociedad un mensaje de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y reflejan claros estereotipos de género utilizados para decidir el caso”.

“Fotazo” en Mar del Plata para recordarnos que «Lucía somos todxs»


A tres años del asesinato de Lucía, la comunidad marplatense se movilizó para exigir que se revoque la sentencia, al mismo tiempo que piden la destitución de los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, las caras visibles –entre otras- de un poder judicial sin perspectiva de género, que avala la violencia machista y que contribuye a que cada 30 horas seamos una menos.
Marta, mamá de Lucia pidió también que la ley «Abrazo» sancionada en la legislatura bonaerense, se aplique en todo el país para que en los juicios por delitos contra la integridad sexual, no se admita prueba que se refiera al comportamiento sexual de las víctimas o testigos.
Decimos entonces que el Estado es responsable cuando elige no promover políticas públicas para frenar la violencia, cuando elige encubrir a jueces y fiscales y cuando elige sostener un sistema patriarcal impune.

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